Antonio Franco | 11 de marzo de 2019
Resulta conmovedor ver a los representantes de todos los partidos políticos en la manifestación del día 3 de marzo en Madrid convocada por la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en defensa del mundo rural y de la actividad cinegética relacionada con la fauna salvaje, haciendo que no se convierta en un peligro para la actividad económica de agricultores y ganaderos.
La caza crea más polémica a nivel mediático que la agricultura y la ganadería, pero hay que tener en cuenta que los cazadores son un motor de la economía rural, con sus gastos en turismo rural, hostelería y lo que pagan por poder cazar en cotos privados, lo que garantiza que en esas zonas se mantengan mejores niveles medioambientales que en otras no controladas, con la finalidad de que exista un número adecuado de ejemplares que cazar.
El abandono de los políticos a los habitantes de los pueblos no es casual, la pérdida continua de población que sufren y, por lo tanto, la disminución de votantes rurales han dejado en el olvido las reivindicaciones de agricultores y ganaderos durante los últimos años, tomando decisiones que ponen en peligro la supervivencia de los habitantes de los pueblos; de ahí que su participación en la manifestación solo puede estar motivada por lo ajustado de los resultados en las votaciones de las próximas elecciones, lo que hace que el voto rural cuente mucho.
Castilla sigue haciéndose Vieja . Un plan para intentar frenar la despoblación rural de España
La defensa del mundo rural es prioritaria en todos los países, porque depositamos sobre la agricultura y la ganadería la responsabilidad de acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. En España, los agricultores y ganaderos producen un volumen de alimentos en cuantía suficiente para garantizar la sostenibilidad de la población, sin que tengamos que depender de las importaciones de otros países; incluso se logran unos excedentes que permiten realizar exportaciones a otros países.
¿Por qué es necesaria la defensa del mundo rural español? La justificación no puede venir por el lado de su repercusión en el PIB, ya que en 2018 la agricultura solo representó el 2,6% del PIB; tampoco la importancia de la renta agraria explica su protección, porque después de haber experimentado un incremento significativo en el periodo 2000-2004 y de mantenerse sin variaciones hasta 2016, eleva su cuantía hasta lograr en 2018 un incremento del 4,3% en términos corrientes respecto de la renta del año 2017, llegando a los 30.217 millones de euros.
El esfuerzo por aumentar la producción agraria cada año ha tenido la contrapartida de la bajada de los precios al aumentar la oferta; así, en 2018, la producción vegetal se incrementó un 7,8% y la producción animal aumentó un 2,2%, a la vez que los precios bajaban un 0,6% y un 2%, respectivamente.
Este incremento de producción agraria se ha logrado con una disminución del 0,8% del volumen de trabajo para lograrlo. La defensa del mundo rural tiene que tener en cuenta la creciente despoblación que se está produciendo desde hace unos diez años en los pueblos y en las ciudades con pocos habitantes, proceso que no ha podido frenar ni la implantación de cooperativas ni el aumento de la agricultura y la ganadería ecológica.
Hay que defender el mundo rural ante la baja rentabilidad de muchas explotaciones, y ello a pesar de las subvenciones que se reciben. La falta de inversión en capital y tecnología impide que se pueda mejorar la productividad, garantizando al mundo agrario las mismas posibilidades de acceso a Internet de banda ancha, sanidad, ocio, etc.